El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez-Rexach, ha subrayado la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal durante su intervención en el I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio. Esta cuestión es compartida por varias comunidades autónomas ante los nuevos retos en la gestión del litoral.
Menéndez-Rexach repasó la evolución de la Ley de Costas de 1988, que inicialmente concentraba la mayor parte de las competencias en la Administración General del Estado. Sin embargo, la consolidación de las comunidades autónomas ha permitido que estas administraciones asuman nuevas atribuciones en la ordenación del litoral.
El catedrático también destacó las dificultades para delimitar las competencias estatales y autonómicas, especialmente tras la evolución de la jurisprudencia constitucional. En este sentido, planteó interrogantes sobre la relación entre la competencia autonómica de ordenación del litoral y la legislación estatal sobre el dominio público marítimo-terrestre.
Otro aspecto relevante de su ponencia fue la falta de una definición legal precisa del litoral. Menéndez-Rexach argumentó que la Ley de Costas no define este concepto y que su alcance debe incluir una dimensión marítima, además de la terrestre. Asimismo, advirtió sobre las diferencias entre las normas autonómicas en la delimitación del litoral y abogó por avanzar hacia un criterio común.
La ponencia de Menéndez-Rexach fue precedida por una sesión sobre la conflictividad competencial en el litoral, donde participaron otros expertos como Ángel Lobo Rodríguez, Andrés González y María Carmen Núñez. Lobo centró su intervención en los informes de Costas durante la tramitación de los planes de ordenación territorial, señalando que entre 2014 y 2020 se registraron alrededor de 2.106 expedientes relacionados con estos informes.
Los datos del Tribunal de Cuentas revelan que el plazo medio de resolución de estos informes fue de 129 días para el primero y 114 días para el segundo, a pesar de que los plazos establecidos son de un mes y dos meses, respectivamente. Lobo propuso la creación de un único informe emitido tras la aprobación inicial del plan, limitándose a un análisis técnico de las competencias sectoriales estatales.
