El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado un nuevo reglamento de evaluación del desempeño del personal empleado público, que representa un avance significativo en la modernización de la Administración autonómica. Esta norma culmina el desarrollo de la Ley de Empleo Público en esta materia y establece por primera vez una regulación específica para la evaluación del desempeño.
Una de las principales novedades del reglamento es la introducción de la evaluación positiva excelente, que permitirá reconocer a aquellos empleados que obtengan la máxima valoración en todas las áreas evaluadas y que contribuyan de manera notable a la mejora del servicio público. Este reconocimiento se considerará como mérito cualificado en los procesos de provisión de puestos de trabajo, asignación de productividad variable y acceso preferente a formaciones especializadas.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó que esta norma consolida un modelo que valora el compromiso y la profesionalidad de quienes sostienen los servicios públicos, al tiempo que impulsa la mejora continua y refuerza una Administración más eficaz. "Asturias da un nuevo paso en la modernización de la gestión pública con una regulación que combina reconocimiento, mejora continua y garantías de objetividad", añadió.
El reglamento, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, también establece que cada unidad administrativa deberá contar con tres objetivos colectivos que sean cuantificables, medibles y verificables, orientados a mejorar la eficacia y la calidad de los servicios. Estos objetivos y su grado de cumplimiento se publicarán anualmente en el Portal de Transparencia.
Además, la Inspección General de Servicios tendrá funciones de auditoría y supervisión para asegurar la correcta aplicación del sistema y proponer mejoras. La evaluación del desempeño será anual y permitirá valorar tanto el trabajo de cada empleado como la contribución de las unidades a los objetivos colectivos.
Por último, el reglamento introduce nuevas reglas para facilitar la promoción interna, el reconocimiento de categorías de otras administraciones y la movilidad entre distintos ámbitos del sector público autonómico.
