El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha confirmado que Asturias recibirá 6 millones de euros para implementar medidas que alivien la presión del mercado residencial y ayuden a reducir los precios en las zonas de mercado tensionado. Esta partida será aprobada en el próximo Consejo de Ministros y permitirá desarrollar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.
Zapico realizó este anuncio durante la apertura de las jornadas La vivienda como bien común, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en el marco del V Ciclo de Conferencias de Territorios Equilibrados. En el acto, estuvo acompañado por la directora general de Urbanismo, Laura López.
“El Gobierno de Asturias no es un gobierno insumiso a la ley de vivienda estatal. Cree que hay que intervenir en el mercado de la vivienda”, afirmó el consejero, quien recordó que la comunidad autónoma ya cuenta con 12 zonas tensionadas declaradas y que su consejería trabaja para extender esta medida a otros concejos donde la evolución de los precios lo requiera.
Zapico destacó que los precios “están disparatados, por las nubes”, lo que exige medidas para corregir los desequilibrios del mercado y facilitar el acceso a un hogar. En cuanto a la Ley de Vivienda de Asturias, el consejero expresó su confianza en que la negociación con la diputada Covadonga Tomé culminará en un acuerdo que permita reunir una mayoría progresista en torno a un modelo que reconozca la vivienda como un derecho.
La futura norma blindará el parque público para impedir su venta, garantizará la calificación permanente de la vivienda protegida e incorporará un régimen sancionador para las zonas tensionadas. Zapico también subrayó la dimensión social y sanitaria del acceso a un hogar digno, recordando que “no es lo mismo nacer en un barrio rico de Asturias que en un barrio de clase trabajadora”.
El consejero hizo hincapié en que la vivienda es un determinante de la salud, citando el caso de Maricarmen, cuya situación de desahucio afectó gravemente su salud. Zapico defendió que este reconocimiento como condicionante de la salud debe quedar reflejado en la Ley de Vivienda de Asturias.
