El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha defendido en Bruselas la creación de zonas de aceleración industrial con el objetivo de atraer nuevas inversiones en tecnologías limpias y asegurar la actividad productiva y el empleo en Asturias. Peláez intervino en el pleno del Comité Europeo de las Regiones durante el debate de un proyecto de dictamen sobre la Ley de Aceleración Industrial, una normativa destinada a mejorar la competitividad del sector industrial, agilizar permisos y acelerar la descarbonización de sectores estratégicos.
Según Peláez, estas zonas representan una oportunidad para agrupar inversiones, compartir infraestructuras y reforzar las cadenas de valor. En el contexto asturiano, podrían favorecer la colaboración entre empresas de materiales básicos y diversificar actividades en el sector industrial. "Las zonas de aceleración deben servir para que las industrias estratégicas permanezcan en nuestros territorios y puedan competir mientras avanzan hacia tecnologías más limpias", afirmó el consejero.
Peláez también subrayó la importancia de que la designación de estas áreas forme parte de estrategias integrales de desarrollo elaboradas por las regiones en colaboración con los Estados miembros y mediante el diálogo con interlocutores económicos y sociales. Además, pidió itinerarios de transición claros y progresivos que permitan ajustar los procesos productivos a los objetivos climáticos europeos sin interrumpir la actividad.
La propuesta de Ley de Aceleración Industrial, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2026, incluye medidas para simplificar autorizaciones, fomentar la demanda de productos industriales con bajas emisiones y facilitar la concentración de iniciativas estratégicas en zonas específicas.
Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, también ha tenido un papel destacado en la Semana de Regiones, donde expuso la experiencia de Asturias en relación con el reto demográfico y la cohesión territorial. García, que fue ponente de un dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre esta materia, destacó que la permanencia en el lugar de origen debe ser una opción real y no una elección condicionada por la falta de empleo, vivienda, servicios o conectividad.
Asimismo, abogó por políticas públicas coordinadas que sostengan esa libertad de elección, citando ejemplos en Asturias como la red de escuelas rurales, la tarjeta de movilidad CONECTA, iniciativas de conexión digital y programas de atracción y retorno del talento, emprendimiento y vivienda rural. También hizo hincapié en la necesidad de políticas europeas de cohesión adaptadas a las características de los territorios en transformación demográfica.
