La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha iniciado la tramitación de dos nuevas normas que buscan reforzar la participación y las garantías éticas en el sistema público de servicios sociales en Asturias. Se trata del decreto que regula el Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado y la modificación de la normativa que rige el Comité de Ética en Intervención Social.
Ambas iniciativas, publicadas en el portal Asturias Participa, estarán en fase de audiencia e información pública durante diez días hábiles. Durante este período, la ciudadanía, profesionales, entidades sociales y organizaciones interesadas podrán presentar aportaciones y alegaciones.
Actualización del Consejo Asesor de Bienestar Social
La primera norma regula la organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Bienestar Social, que es el principal órgano de participación y consulta en materia de servicios sociales del Principado. Este decreto sustituye una regulación dispersa que ha estado vigente desde finales de la década de los ochenta, adaptándola a la normativa actual.
El consejo reúne a representantes de las administraciones autonómica y locales, entidades sociales, profesionales, personas usuarias, organizaciones del tercer sector y grupos parlamentarios. Su objetivo es contribuir al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de bienestar social. Entre sus funciones, se incluye la emisión de informes y dictámenes sobre actuaciones relacionadas con los servicios sociales.
Modificación del Comité de Ética en Intervención Social
El segundo proyecto consiste en la modificación de la regulación del Comité de Ética en Intervención Social, un órgano asesor de referencia para la reflexión y orientación ética en el ámbito de los servicios sociales. Esta reforma refuerza su autonomía funcional, mejora los procedimientos para solicitar asesoramiento y regula con mayor claridad las condiciones de permanencia de sus miembros. Además, garantiza que el comité disponga de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar su actividad.
Con estos dos decretos, el Gobierno de Asturias busca fortalecer la participación de la sociedad en las políticas sociales y dotar de mayor solidez institucional a los órganos encargados de asesorar y promover la calidad, la transparencia y la protección de los derechos de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales.
