El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido que el próximo 29 de noviembre, coincidiendo con las elecciones nacionales, Asturias se juega su futuro entre el avance de derechos y libertades o la involución provocada por la extrema derecha.
Durante el pleno de la Junta General, Barbón ha reafirmado su compromiso con una política que priorice los problemas de los ciudadanos, caracterizada por un enfoque humanista y sensibilidad social. "No anteponemos el interés electoral a cualquier otra consideración, lo importante son las personas", ha enfatizado.
En este contexto, el presidente ha abordado la problemática de la vivienda, abogando por la creación de una ley autonómica que proporcione nuevas herramientas para combatir la crisis social. Esta iniciativa se suma a las medidas ya implementadas en la legislatura actual, que incluyen la declaración de zonas tensionadas para controlar el precio de los alquileres y la regulación de apartamentos turísticos. Además, se prevé incorporar 1.500 nuevas viviendas sociales al parque público.
Barbón también ha anunciado que, siempre que se aprueben los presupuestos, se duplicarán los recursos destinados a ayudas de alquiler, aumentando la cifra de 15 a 30 millones de euros, y se ofrecerá una bonificación de 5.000 euros para la adquisición de la primera vivienda. "Consideramos que la vivienda es un derecho constitucional, vinculado a la dignidad de las personas, mientras que la derecha la ve como un bien más, sujeto a las reglas del mercado", ha asegurado.
Durante la sesión plenaria, se aprobaron la Ley de Infancia y la Ley LGTBI, lo que Barbón ha celebrado, aunque ha advertido que "de nada sirve una ley si luego no hay recursos". Se dirigió a los representantes del PP y Foro Asturias, cuestionando su compromiso con los derechos y libertades tras su apoyo a estas normas, y recordando el caso de Aragón, donde se retiraron fondos para políticas de derechos sexuales.
