La Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre se reunió este miércoles sin lograr garantías sobre la continuidad de la gratuidad del transporte público en Canarias más allá del 31 de diciembre de 2026. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, liderada por María Fernández, ha solicitado al Estado la aprobación de un decreto que asegure esta gratuidad para 2027.
Fernández, quien participó en la reunión de forma telemática, destacó que el actual contexto político, marcado por la convocatoria de elecciones, genera incertidumbre respecto a la aprobación del decreto. “Estamos esperando las partidas presupuestarias, pero lo que realmente nos preocupa es que el decreto de prórroga no se apruebe después del 29 de noviembre, lo que dejaría a Canarias sin la gratuidad del transporte”, advirtió.
La directora general argumentó que la prórroga es viable, ya que no se trata de una medida nueva y los motivos que justifican su continuidad siguen vigentes. El Estado, por su parte, ha propuesto una reunión bilateral para firmar un protocolo que contemple la singularidad canaria en el Abono Único Estatal.
En septiembre, la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno canario envió una carta al Ministerio de Transportes expresando su preocupación por el modelo de Abono Único publicado en el BOE, que excluía a Canarias. Fernández anunció la creación de una mesa bilateral para abordar esta cuestión y asegurar que el Bono Residente Canario sea parte del sistema de transporte nacional.
Además, el proyecto del Título Único de Transporte en Canarias, que permitirá viajar por todo el Archipiélago con un solo bono, está en fase de implementación. Se ha asignado una partida presupuestaria a los Cabildos para adaptar la tecnología necesaria y se prevé una convocatoria pública en diciembre para que los ciudadanos puedan probar el nuevo sistema.
