La Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias ha iniciado una serie de encuentros con empresas, el tercer sector y autónomos para implementar un nuevo Sistema Dinámico de Adquisición. Esta iniciativa tiene como objetivo asegurar la atención efectiva en el entorno habitual mediante Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) y Centros de Día.
El nuevo modelo prioriza la calidad del empleo y ofrece incentivos salariales de hasta el 5%, promoviendo la estabilidad de las plantillas y la continuidad en los cuidados. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, presentaron este sistema en una sesión de trabajo en Gran Canaria.
“Nuestro objetivo prioritario es que cada persona dependiente en Canarias reciba una atención digna, continua y de máxima calidad en su propio entorno”, destacó Candil. “Para lograrlo, debemos cuidar a quienes cuidan, incentivando mejores condiciones salariales y reduciendo la rotación de los equipos”.
Ramírez añadió que este modelo representa “una apuesta firme por la calidad del empleo y la dignidad en las condiciones laborales”. Además, se busca reducir los tiempos de espera y llegar a cada rincón de las islas, poniendo el bienestar y la retribución de los profesionales en el centro de las adjudicaciones.
Los pliegos de contratación incluirán cláusulas sociales que valorarán positivamente a las entidades que apliquen incrementos salariales de entre el 2,5% y el 5%, así como mejoras en la formación continua del personal y planes de cobertura de bajas y vacaciones.
Las jornadas de trabajo comenzaron en Gran Canaria y continuarán mañana en Tenerife, sirviendo como un punto de encuentro participativo para diagnosticar las capacidades de atención en cada isla y eliminar barreras operativas en coordinación con el tejido social y empresarial.
Actualmente, hay 520 entidades acreditadas en Canarias, de las cuales 160 están especializadas en atención a domicilio. El Gobierno de Canarias se compromete a realizar un seguimiento trimestral de los PIA resueltos y a mantener estrictos controles de calidad e inspección, dando así un paso decisivo hacia un sistema de atención a la dependencia más justo y socialmente responsable.
