Los datos del 16º Informe de El Estado de la Pobreza, elaborado por EAPN-ES, revelan que la tasa de riesgo de pobreza en Canarias se situó en el 22,9% en 2025, lo que representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esto equivale a 34.000 personas que han salido de esta situación en solo un año.
En comparación con 2015, año de referencia para la Agenda 2030, la tasa de pobreza ha disminuido en un total de 5,6 puntos, lo que se traduce en 82.000 personas que han dejado de estar en riesgo de pobreza en la última década. Este avance se produce en un contexto de crecimiento demográfico en la región.
El indicador global AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social, se sitúa en el 31,2%, con una reducción de 2,6 puntos respecto a 2023. Este indicador incluye el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa, y la baja intensidad en el empleo en los hogares.
Si se considera el umbral regional de renta, la tasa de riesgo de pobreza se reduce aún más, hasta el 18,3%, acercándose a la media estatal. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias continuará trabajando en un Plan de Acción para erradicar la pobreza estructural y ofrecer respuestas rápidas a las familias vulnerables.
El informe destaca la importancia de las políticas públicas y las transferencias sociales, como pensiones y rentas mínimas, para mitigar la vulnerabilidad en las islas. Sin el escudo social, la tasa de pobreza podría alcanzar el 44,2%, lo que subraya la efectividad de las medidas de apoyo social implementadas.
Entre estas medidas se incluyen complementos extraordinarios para proteger a los colectivos con menores ingresos, como los beneficiarios de Pensiones No Contributivas. Además, el Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias ha sido valorado positivamente, ocupando la cuarta posición nacional con una puntuación de 6,35 puntos.
Este reconocimiento se debe a un esfuerzo presupuestario significativo, con un gasto social de 724,3 euros por habitante, superior a la media estatal de 575,1 euros, y una inversión en servicios sociales que representa el 2,79% del PIB canario.
Las mejoras en la atención ciudadana son evidentes, con una reducción del 73% en el tiempo medio de tramitación de Dependencia, que ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 214 días actualmente. Asimismo, los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se han reducido de más de 7.500 a unos 1.400, acortando el tiempo medio de resolución de 24 a 7 meses.
En el ámbito de la teleasistencia y discapacidad, los datos también son alentadores: el número de usuarios de teleasistencia ha aumentado de 2.352 al inicio de la legislatura a 17.589 en la actualidad, mientras que el área de discapacidad ha acumulado más de 57.000 resoluciones.
