El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, ha aprobado un decreto que adapta la normativa autonómica de dependencia y servicios sociales a las disposiciones de la ley ELA. Esta medida busca atender a las personas con esclerosis lateral amiotrófica avanzada y otras enfermedades de alta complejidad, facilitando a sus familias el acceso a los cuidados necesarios.
La consejera portavoz, Esther Padilla, ha señalado que el acuerdo responde a la necesidad de ofrecer una atención profesional “muy intensa”, dado que organizar los cuidados puede resultar “enorme dificultad” para las familias. “La respuesta tiene que estar a la altura de esa necesidad”, ha añadido.
El decreto incorpora el grado III+ de dependencia extrema, que incluye prestaciones específicas para la contratación de ayuda a domicilio o asistencia personal. Estas ayudas pueden alcanzar hasta 9.859 euros mensuales, dependiendo de las horas de atención contratadas. Además, se garantiza un mínimo de 3.200 euros cuando se contrate un servicio de al menos 150 horas al mes.
Para hacer efectivos estos derechos, el Gobierno regional destinará 3,7 millones de euros anuales, estimando que las medidas beneficiarán a unas 50 personas al año.
Además, se introduce una protección adicional para las familias, permitiendo que las personas con grado III+ puedan compatibilizar la prestación para ayuda a domicilio con la ayuda para cuidados en el entorno familiar, siempre que la atención profesional sea inferior al límite de horas establecidas.
La nueva regulación también simplifica el acceso al grado III+, de modo que quienes ya tengan reconocido el grado III y acrediten su situación de dependencia extrema no tendrán que someterse a una nueva valoración. Asimismo, se amplía a seis meses el plazo de justificación del gasto para quienes reciben la prestación económica vinculada al servicio.
Padilla ha recordado que el Gobierno regional ya aplicaba algunas previsiones de la ley ELA antes de este decreto, como la tramitación preferente de solicitudes y el plazo máximo de tres meses para la valoración de la discapacidad y la dependencia. Actualmente, el sistema de dependencia en Castilla-La Mancha atiende a más de 83.000 personas y sus familias.
