El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas con el objetivo de actualizar la normativa que regula el ocio en la región. Esta nueva ley, defendida por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, busca reforzar las garantías de seguridad y convivencia, así como la protección de la ciudadanía.
La normativa sustituye a una ley que lleva 15 años en vigor y se adapta a un panorama social donde las formas de ocio son más diversas y dinámicas. Ruiz Molina ha subrayado que la ley garantizará el derecho al ocio sin que interfiera con el derecho al descanso de los ciudadanos, al tiempo que refuerza la seguridad y el orden público, especialmente en lo que respecta a la infancia y la adolescencia.
Una de las principales novedades de esta ley es la regulación de actividades en espacios abiertos, como macroeventos y festivales, que hasta ahora carecían de un marco legal específico. Se establecerán condiciones y requisitos para estas actividades, además de simplificar los trámites administrativos y mejorar la coordinación entre la Administración regional y los ayuntamientos.
La ley también actualiza las causas que pueden dar lugar a la prohibición o suspensión de espectáculos, incluyendo situaciones que amenacen la protección de menores o alteren el orden público. Además, se refuerza el control de acceso a los establecimientos públicos, estableciendo requisitos de formación para el personal encargado de estas funciones.
El proyecto contempla la creación de un Plan de Inspección que definirá los objetivos de las actuaciones de los órganos competentes, y se incorpora el decomiso como medida para prevenir actividades recreativas ilegales. Asimismo, se actualiza el catálogo de espectáculos y actividades recreativas, estructurándolo en 11 categorías de actividades y ocho de espectáculos públicos.
La organización de espectáculos se someterá a un sistema de declaración responsable previa, reservando la autorización administrativa para casos que impliquen razones de seguridad o salud pública. La nueva ley ha sido elaborada con el consenso de los ayuntamientos y del sector hostelero, y se ha debatido un total de 75 enmiendas durante su tramitación parlamentaria.
Ruiz Molina ha solicitado el apoyo de la Cámara para una norma que busca fortalecer la convivencia y regular un sector que genera riqueza y empleo en la región.
