El conseller de Justicia y Calidad Democrática de Cataluña, Ramon Espadaler, ha dado a conocer la creación de unas 20 nuevas agrupaciones de Oficinas de Justicia en el Municipio (OJM) para mejorar la justicia de proximidad en la región. Este anuncio se realizó durante la celebración del Día de la Justicia de Paz, que tuvo lugar en el monasterio de Montserrat.
La reunión, organizada por la Asociación Catalana en Pro de la Justicia, reunió a jueces y juezas de paz de toda Cataluña y sirvió para reconocer su labor y presentar los avances del Plan de justicia de paz y de proximidad 2025-2028. Este plan busca modernizar y acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, considerándolos esenciales para el acceso igualitario a la justicia en todo el territorio.
Espadaler destacó que "la justicia de paz es un servicio público imprescindible para garantizar la cohesión territorial" y subrayó la importancia de las nuevas agrupaciones, que permitirán mejorar la asistencia técnica y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Las nuevas agrupaciones se establecerán en localidades como Guissona, Monistrol de Montserrat, Alguaire, Sant Salvador de Guardiola, entre otras, y se sumarán a las 76 agrupaciones existentes, que actualmente cuentan con 460 oficinas de justicia en el municipio.
Además, se están implementando herramientas digitales y renovando equipamientos tecnológicos, como la distribución de 1.106 impresoras a las OJM. También se ha iniciado un plan piloto para adecuar los espacios de las oficinas en varios municipios, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades de la ciudadanía y los profesionales.
El Plan de justicia de paz y de proximidad también incluye un componente formativo, con 13 actividades programadas que han llegado a más de 2.100 profesionales en toda Cataluña. Este enfoque busca garantizar que los jueces y el personal de las OJM estén preparados para afrontar los retos futuros y responder a las demandas de la ciudadanía.
La justicia de paz, con cerca de 170 años de historia, sigue siendo una puerta de entrada fundamental a la Administración de justicia en Cataluña, ofreciendo un servicio cercano y accesible a más de 3,2 millones de personas en el 92,3% del territorio.
