La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha expresado su preocupación por el Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2027. A pesar de un aumento en los recursos tras dos años de prórrogas, el sindicato señala que las cuentas autonómicas presentan “desequilibrios estructurales, recortes en participación institucional y un modelo fiscal injusto”.
Uno de los puntos críticos que destaca Fernández de los Muros es el incremento de los beneficios fiscales, que alcanzan los 920 millones de euros, un 36,4% más que el año anterior. “Estas medidas vuelven a favorecer a las rentas altas”, afirma, haciendo referencia a la rebaja del tipo mínimo del IRPF y a las exenciones generalizadas. Además, recuerda que la bonificación en Sucesiones en 2024 apenas benefició a menos del 1% de la población.
La líder sindical recalca que esta cifra de 920 millones equivale a “más de tres veces toda la partida destinada a vivienda”. También advierte sobre el riesgo que supone mantener los ingresos públicos sin el respaldo de los fondos europeos, ya que, según las previsiones de la Junta, los ingresos se sitúan en el 17,4% del PIB y los gastos en el 17,5%, aún lejos del 18,1% registrado en 2008.
Fernández de los Muros considera que el presupuesto perpetúa las rebajas fiscales “a quienes más tienen”, lo que pone en peligro la estabilidad y financiación de servicios esenciales una vez finalicen los fondos europeos. En cuanto a servicios sociales y dependencia, aunque valora el aumento presupuestario, exige que este esfuerzo se traduzca en mejoras laborales para los trabajadores del sector.
El sindicato también destaca la necesidad de impulsar los servicios públicos en el medio rural para abordar los desequilibrios territoriales en Castilla y León. Para CCOO, este objetivo debe ser parte de políticas estructurales que garanticen el acceso equitativo a sanidad, educación, transporte y cuidados en toda la comunidad.
Finalmente, aunque se respetan los acuerdos del Diálogo Social, CCOO advierte que cualquier recorte a las organizaciones sindicales y empresariales es “una decisión estrictamente política” que socava la participación institucional y la estabilidad autonómica. “Desde CCOO insistimos en que hay que mantener la concertación social, ya que está en juego la calidad democrática y la cohesión social de nuestra tierra”, concluye Ana Fernández de los Muros.
