El Servicio Canario de Salud (SCS) y la Fiscalía de Canarias han iniciado una colaboración destinada a mejorar la continuidad asistencial para las personas atendidas que necesitan medidas de apoyo y acciones jurídicas para acceder a recursos de atención residencial.
La directora general del Paciente y Cronicidad del SCS, Rita Tristancho, se reunió con la Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad y Mayores, María Rosa Rubio, en un encuentro celebrado en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Durante la reunión, también participaron la jefa del servicio de Atención y Coordinación Sociosanitaria, Dulce Fernández, la técnica de la Dirección General, Eva Hombre, y el abogado fiscal en prácticas, Javier Álvarez.
El objetivo de esta colaboración es analizar la situación de las personas valoradas por las unidades de Trabajo Social del SCS en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Salud Mental, que puedan necesitar medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Además, se abordarán los casos en los que sea necesaria una autorización judicial para el ingreso no voluntario en centros de atención residencial, conforme a la normativa vigente.
La coordinación entre estas instituciones busca facilitar respuestas adecuadas a las circunstancias de las personas y garantizar la continuidad de los cuidados en el entorno más adecuado. Esta colaboración se fundamenta en el respeto a las funciones de cada organismo y tiene como meta establecer vías de comunicación que permitan identificar dificultades y mejorar la coordinación de las respuestas sanitarias, sociales y jurídicas.
Este esfuerzo se enmarca en el modelo establecido por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que prioriza la dignidad, los derechos y el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad, asegurando que las medidas de apoyo se ajusten a sus necesidades y fomenten su autonomía y participación en decisiones que les afectan.
