El Consejo de Ministros ha aprobado, con carácter de urgencia, dos reales decretos-ley que buscan abordar la crisis en el acceso a la vivienda. Las medidas incluyen la protección frente a desahucios y la prórroga de contratos de alquiler, según ha informado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
El primer real decreto-ley, publicado en el BOE el 30 de septiembre de 2026, establece limitaciones a la adquisición de viviendas por parte de entidades especulativas, permitiendo la compra solo si el precio es inferior al 70% de su valor de tasación de mercado, con excepciones para usos sociales y de alojamiento asequible.
Además, se suspenden los desahucios de personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, siempre que no dispongan de una alternativa habitacional. En caso de que la comunidad autónoma no ofrezca una solución, deberá asumir el pago necesario para evitar el desalojo.
El segundo real decreto-ley, publicado el 1 de octubre de 2026, introduce medidas para garantizar la estabilidad de los contratos de arrendamiento. A partir de ahora, los contratos se prorrogarán automáticamente tras cinco años, salvo que se notifique lo contrario con seis meses de antelación. En caso de no prórroga, el arrendador deberá indemnizar al inquilino con al menos doce mensualidades de renta.
Estas medidas, que deberán ser convalidadas en el Congreso de los Diputados, buscan abordar lo que la ministra Rodríguez ha calificado como "el principal problema de los españoles y las españolas": el acceso a la vivienda.
