La eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha dirigido una pregunta escrita a la Comisión Europea para denunciar las graves intimidaciones que ha sufrido la magistrada Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por diversos delitos.
La denuncia de Biedma se produce tras su comparecencia ante la Audiencia Nacional, donde reveló haber sido víctima de intimidaciones y maniobras dirigidas contra ella y su familia durante la investigación por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública. Este último caso culminó con una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
Un informe de la UCO que forma parte de la investigación incluye testimonios sobre seguimientos a Biedma y contactos con personas vinculadas al narcotráfico, en los que se habría planteado la posibilidad de “eliminar” a la magistrada.
“Europa no puede mirar hacia otro lado en un caso como este: una jueza denuncia haber sido intimidada por ejercer su función y cuando los investigadores de las causas que dirige denuncian presiones. La independencia judicial no es elegible según a quién afecta. Es uno de los pilares del Estado de Derecho europeo”, ha afirmado Montserrat.
La eurodiputada también ha preguntado a la Comisión qué garantías exige el Derecho de la Unión frente a las presiones sobre investigadores que trabajan en causas relacionadas con personas del poder político. Además, ha instado a la Comisión a verificar si los hechos comprometen la independencia judicial en España.
“La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los jueces deben estar protegidos frente a intervenciones o presiones externas susceptibles de afectar a su juicio independiente. Si se confirma que se recabó información sobre sus movimientos y los de sus hijas, que se investigaron sus rutinas, que se difundieron imágenes de sus hijos, que se contactó con personas potencialmente violentas para intimidarla o que se intentó condicionar la investigación mediante presiones sobre los agentes, el problema para el Estado de Derecho europeo es enorme”, concluyó Montserrat.
