Durante su intervención en el Pleno del Congreso, la diputada del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Marta González, ha reclamado la creación de una ley de violencia vicaria que contemple decisiones judiciales claras sobre la patria potestad y el régimen de visitas. Además, ha enfatizado la necesidad de implementar medidas de prevención y formación dirigidas a los operadores jurídicos en temas de violencia y familia.
González ha insistido en la importancia de contar con una dotación presupuestaria adecuada para mejorar los recursos de los juzgados, el turno de oficio, los equipos psicosociales y los puntos de encuentro, así como una respuesta integral para las víctimas, especialmente para los menores.
La diputada ha señalado que la postura del grupo Vox respecto a la violencia contra las mujeres es radicalmente diferente a la del PP, afirmando que “negar que existe una violencia específica contra las mujeres es negar la realidad”. También ha rechazado la idea de que la violencia de género se asocie únicamente a agresores extranjeros, pidiendo un análisis riguroso de los datos.
En este contexto, ha cuestionado el dato que indica que el 52% de los filicidios son cometidos por mujeres, argumentando que la muestra utilizada, que comprende 50 condenas firmes entre 2007 y 2022, es demasiado pequeña para sacar conclusiones válidas. González ha recordado casos trágicos como el de las niñas Ana y Olivia, asesinadas en Tenerife en 2021, y ha destacado que cuando el progenitor se suicida o desaparece, el caso no genera condena y, por tanto, no se contabiliza en ciertas estadísticas.
“Cada uno de esos casos es una tragedia y el Código Penal los castiga todos. Pero mezclar fenómenos distintos para negar uno de ellos no es rigor, es confusión”, ha sentenciado.
Asimismo, ha reivindicado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que contaba con un presupuesto de mil millones de euros, y ha recordado que su renovación fue firmada durante la actual legislatura.
Por último, ha criticado la gestión del Ministerio de Igualdad, señalando problemas en la administración de las pulseras de control de maltratadores y la falta de respuesta ante las advertencias sobre la manipulación de estos dispositivos.
