El Gobierno de España ha culminado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con la presentación de su séptima y última solicitud de pago, que asciende a 25.861 millones de euros. Esta solicitud, la más elevada realizada por un Estado miembro, incluye un total de 148 hitos y objetivos, lo que representa aproximadamente el 30% del total programado por el país.
De los 148 hitos, 130 corresponden a transferencias no reembolsables y 18 a préstamos. En términos de desgloses, se solicitan 21.463 millones de euros en transferencias, de los cuales España podrá recibir 18.711 millones netos, y 4.398 millones en préstamos, que se traducen en 4.166 millones netos.
Con esta solicitud, los fondos asignados en el PRTR alcanzarían un total de 101.300 millones de euros. Este mecanismo ha sido clave para ayudar a España a superar la crisis provocada por la COVID-19 y para fortalecer su capacidad ante futuros desafíos.
Hitos y objetivos destacados
La séptima solicitud cierra el ciclo del Plan con reformas significativas y grandes inversiones en diversos ámbitos:
- Vivienda y rehabilitación: Se han iniciado 23.000 viviendas para alquiler social, con 16.000 ya finalizadas. Se han acreditado 53.375 certificados de eficiencia energética.
- España Crece: Más de 13.300 millones de euros inyectados en el Instituto de Crédito Oficial para proyectos de vivienda asequible y sostenibilidad.
- Transición energética: Ayudas de cerca de 7.500 millones de euros para impulsar el hidrógeno renovable y la modernización industrial.
- Movilidad sostenible: Ejecución de más de 1.000 proyectos con una inversión pública de más de 2.900 millones de euros.
- Cohesión social: Aprobación de un conjunto mínimo común de servicios sociales y 1.805 millones de euros en infraestructuras para servicios sociales.
La presentación de esta solicitud se enmarca dentro del calendario de cierre del Mecanismo, que establece el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para alcanzar los hitos y el 30 de septiembre para presentar las solicitudes de pago. La Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar el desembolso correspondiente.
La administración española ha llevado a cabo un esfuerzo significativo para verificar los hitos y objetivos, movilizando más de 3,3 millones de documentos de verificación ante Bruselas, con la participación de 5.505 responsables de diversas administraciones públicas.
