Los consejeros de Educación del Partido Popular se han reunido esta semana con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para evaluar los resultados del informe PISA 2025, que representa el primer balance del impacto real de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Feijóo subrayó en la reunión que “el primer examen” de la ley educativa del Ejecutivo de Sánchez ha resultado “un rotundo suspenso”, situando a España por debajo de la media de los países de la OCDE.
En este sentido, los consejeros coincidieron en señalar que la educación “es un asunto de Estado” para el Partido Popular, que se compromete a apostar por la excelencia educativa en todos los niveles, transformándola en un elemento de progreso, desarrollo intelectual y empleabilidad real de los jóvenes.
Evidencias frente a ideología
El presidente del PP remarcó el compromiso de su partido con la educación y trasladó la necesidad de reformar el sistema educativo con medidas basadas en la evidencia, en lugar de reformas ideológicas que han mostrado fracasos. Abogó por:
- Recuperar la cultura de la evaluación y los valores del esfuerzo y el mérito.
- Reforzar la lectura, la escritura y el cálculo.
- Devolver la autoridad y respaldo a los profesores.
- Garantizar que las aulas estén libres de ideologías para que se enseñe a los alumnos a pensar con libertad.
En este contexto, resaltó la apuesta del Partido Popular por eliminar las pantallas individuales de las aulas, al menos hasta secundaria, argumentando que no todos los dispositivos mejoran el aprendizaje, especialmente a edades tempranas, y pueden perjudicar la atención y concentración de los alumnos. “Educar bien exige saber también cuándo poner límites”, expuso.
En la reunión, que también contó con la participación del vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, se destacó que PISA 2025 “es el primer test de estrés de la LOMLOE”, que ha demostrado el colapso del sanchismo, evidenciando que esta ley ha empeorado el sistema educativo español.
La “norma sectaria”, que según el PP condena a una generación a una pérdida de derechos y posibilidades, fue aprobada durante la pandemia sin contar con la opinión de la comunidad educativa y con el rechazo de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
