El pasado 8 de septiembre, el Tribunal Supremo tomó la decisión de suspender el derecho a voto de una parte de la ciudadanía española que obtuvo la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta decisión ha sido calificada por Izquierda Unida como una vulneración de derechos fundamentales en democracia.
Desde la formación política, se argumenta que la Instrucción de 25 de octubre de 2022, que se menciona como justificación para la suspensión cautelar, establece criterios para acreditar la condición de exiliado, uno de los supuestos que permite acceder a la nacionalidad a los descendientes. En particular, considera como exiliadas a todas las personas que puedan acreditar haber abandonado España entre 1936 y 1955. Este criterio, según Izquierda Unida, no es nuevo, ya que figuraba en términos similares en la Instrucción de 2007 que desarrollaba la Ley de Memoria Histórica.
Además, se critica la argumentación del tribunal sobre un supuesto “peligro real” de afectación de las elecciones, señalando que no se presentan pruebas concretas que respalden esta afirmación. La formación sostiene que el incremento del censo electoral en el exterior no se debe exclusivamente a las nacionalizaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática, y que no se ha demostrado cómo estas inscripciones podrían afectar los resultados electorales.
Izquierda Unida también destaca que el derecho al voto de la ciudadanía en el exterior es fundamental, aunque la participación en estas elecciones es baja, rondando el 10%. Históricamente, los votos en el exterior no han representado más del 1,5% del total, lo que minimiza su influencia en los resultados.
Asimismo, se señala que las medidas cautelares impuestas son arbitrarias, ya que solo afectan a las personas residentes en el extranjero, mientras que aquellas que residen en España y se acogen a la misma instrucción no se verán afectadas. Esto, según Izquierda Unida, demuestra que el objetivo del auto no es corregir una supuesta irregularidad legal, sino sembrar dudas infundadas sobre el proceso electoral en el exterior.
Finalmente, Izquierda Unida hace un llamado a la movilización de la ciudadanía española en el exterior en defensa de sus derechos y contra lo que consideran un atropello democrático. Instan a las personas cuyo derecho al voto se ha visto cercenado, al Defensor del Pueblo y a la fiscalía a interponer un recurso de amparo contra el auto de medidas cautelares.
