La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha llevado a cabo una reunión monográfica de la Comisión de Relaciones Laborales, Formación y Empleo centrada en la incapacidad temporal por contingencia común (ITCC). En el encuentro, participaron Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG; Enrique M. Mallón, presidente de la comisión; y Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE.
Rosa Santos destacó que algunas medidas del plan gallego son “extrapolables al resto de España” y subrayó la problemática de las bajas por contingencias comunes, que varían según los recursos y la coordinación de cada comunidad autónoma. “En 2025, 1.700.000 personas no fueron a trabajar en España, siendo 1.500.000 bajas por contingencias comunes”, afirmó Santos, quien también mencionó el problema de recursos y la posibilidad de fraude en este ámbito.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, consideró que el Plan Integral de prevención, bienestar laboral y reincorporación saludable representa un avance significativo para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. Este plan busca facilitar una recuperación más temprana de la salud de los empleados tras una incapacidad temporal.
El esfuerzo presupuestario para el periodo 2027-2029 asciende a 45.020.966 euros, distribuidos en varios ejes, incluyendo prevención y bienestar laboral, atención sanitaria y gestión de la incapacidad temporal.
Galicia presenta una duración media de los procesos de ITCC de 78,85 días, casi el doble que la media nacional, lo que resalta la necesidad de abordar esta cuestión. Según datos de la Asociación de Mutuas (AMAT), en 2025, 106.529 trabajadores en Galicia no acudieron a trabajar, lo que representa un incremento del 10,35% respecto al año anterior.
Entre las medidas del Plan se incluyen la mejora en la gestión y control de las incapacidades temporales, la creación de unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos y salud mental, y un refuerzo en la colaboración con las mutuas para la gestión de la IT.
Vieites concluyó que un sistema de protección sólido debe garantizar los derechos de quienes lo necesitan y funcionar de manera responsable y sostenible, destacando la importancia de la coordinación entre los distintos agentes involucrados en estos procesos.
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