La consejera de Presidencia de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, han mantenido una reunión para definir los detalles del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) destinado a la restauración del potencial agrícola tras la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma.
Durante el encuentro, se establecieron prioridades sobre el uso de los fondos del superávit canario, que se habilitarán próximamente. “El PEPAC tiene que salir con fondos suficientes para dar respuesta a las necesidades de los agricultores que ya están reconstruyendo sus fincas”, afirmó Barreto.
Quintero destacó que una de las novedades del PEPAC es que la convocatoria de ayudas incluirá las bases reguladoras, lo que permitirá simplificar y agilizar los trámites administrativos. Además, se adaptará a las circunstancias excepcionales que plantea la reconstrucción de las explotaciones agrarias afectadas por la erupción.
El objetivo de esta línea de apoyo es facilitar a los titulares de explotaciones agrarias la recuperación de sus fincas y la reanudación de su actividad productiva. Una vez recibida la indemnización por la pérdida del valor patrimonial de los terrenos sepultados por la lava, podrán acceder a fondos complementarios de la Consejería.
En la reunión también participó el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín. Se abordó, además, la fórmula para que la Consejería de Agricultura pueda finalizar el pago de las ayudas por las cenizas.
Barreto y Quintero reiteraron la voluntad del Gobierno de Canarias de continuar apoyando a los cerca de 6.000 agricultores de La Palma, quienes realizaron un esfuerzo considerable para retirar las cenizas de sus cultivos durante los tres meses que duró la erupción. Esta labor fue crucial para mantener la actividad agraria y preservar miles de puestos de trabajo en la cadena de producción y comercialización.
“El Gobierno de Canarias pone fondos extraordinarios para cubrir estas necesidades a falta de 300 millones que debe ingresar el Gobierno de España”, concluyó la consejera.
