El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido en la Junta General del Principado un modelo de vivienda pública que prioriza la protección de las personas y familias que realmente necesitan apoyo. Zapico ha afirmado: “En Vipasa no hay desahucios ni los va a haber”.
Actualmente, más de 2.000 familias están protegidas por un protocolo de impagos que permite renegociar rentas y establecer fórmulas de pago adaptadas a las circunstancias económicas de los hogares. El consejero ha recordado su gestión en el caso de 20 familias de Gijón que evitaron el desahucio tras 21 meses de trabajo.
Zapico ha diferenciado entre quienes requieren protección y aquellos que, a pesar de no tener problemas económicos, se niegan a pagar la renta. “Quienes no tienen problemas sociales ni económicos pero se niegan a pagar la renta, yo creo que son gente que ha terminado su ciclo de protección en Vipasa”, ha explicado.
El consejero ha subrayado que el parque público de vivienda debe cumplir una función social y que las viviendas deben destinarse a quienes realmente las necesitan. Hasta el 30 de septiembre, se han realizado 1.457 inspecciones para garantizar el correcto uso de las 9.613 viviendas del organismo público, recuperando 73 viviendas con uso fraudulento en una campaña anterior.
En este contexto, Zapico ha criticado el acuerdo entre el gobierno municipal de Gijón y Vox para modificar las bases del programa de adjudicación de viviendas, advirtiendo que esto generará recelos en la relación entre administraciones. “La vamos a mirar con lupa”, ha afirmado sobre futuras propuestas de adjudicación.
El consejero ha planteado un objetivo de alcanzar 15.000 viviendas en alquiler social y asequible en los próximos diez años, además de recordar el acuerdo para construir 400 nuevas viviendas protegidas el próximo año. Zapico ha defendido la Ley de Vivienda del Principado como una herramienta clave para consolidar el modelo de vivienda pública, asegurando que la vivienda mantenga su función social frente a su consideración como un bien de mercado.
“Unos defendemos que la vivienda es un derecho. Otros creen que es un bien de mercado”, ha concluido, contrastando su postura con la del PP, que ha propuesto la venta de viviendas públicas a inquilinos.
