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Toledo aprueba la Ley de Acompañamiento con incentivos fiscales para 30.000 contribuyentes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la Ley de Acompañamiento, que incluye incentivos fiscales para 30.000 nuevos contribuyentes. El proyecto será enviado a las Cortes regionales para su tramitación.

Toledo aprueba la Ley de Acompañamiento con incentivos fiscales para 30.000 contribuyentes

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativa, conocido como Ley de Acompañamiento. Esta ley, presentada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, permitirá que 30.000 nuevos contribuyentes se beneficien de incentivos fiscales.

El proyecto se remitirá a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria. Ruiz Molina ha destacado que esta ley incluye modificaciones en las deducciones del IRPF, aumentando los límites de renta máxima para acceder a 20 deducciones autonómicas, lo que ampliará el número de contribuyentes elegibles.

Además, el consejero ha señalado que el Gobierno de García-Page ha presentado, “en tiempo y forma”, el proyecto de Ley de Presupuestos y la Ley de Acompañamiento para 2027, con el objetivo de que ambas normas entren en vigor el 1 de enero de 2027.

La ley se estructura en tres capítulos: medidas administrativas, que incluyen disposiciones para mejorar la gestión de incendios forestales y la evaluación ambiental; medidas de simplificación administrativa; y medidas tributarias que amplían las deducciones en el IRPF.

Entre las medidas administrativas, se suspenderán nuevas autorizaciones para casinos de juego en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre de 2031, y se reforzará la lucha contra la exclusión financiera mediante modificaciones en el Fondo de Promoción y Formación de cooperativas de crédito.

Por último, la ley también aborda la racionalización normativa, estableciendo la Regla ‘una por otra’, que busca evitar la saturación de trámites y costes burocráticos al aprobar nuevas normas.

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