Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado sus propuestas para modificar el Real Decreto 95/2019, que regula las condiciones de contratación en el sector lácteo. Su objetivo es mejorar la posición de los productores frente a la industria y garantizar condiciones comerciales que mantengan la rentabilidad de las explotaciones.
La organización considera que esta revisión normativa es una oportunidad para abordar problemas estructurales que afectan a los ganaderos de leche, como la falta de capacidad para negociar contratos y el aumento de los costes de producción. Desde Unión de Uniones insisten en que la reforma debe ir más allá de adaptar la legislación española a las modificaciones del Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM), incorporando medidas que equilibren las relaciones comerciales entre productores e industria.
Uno de los problemas más graves es la desigualdad en la negociación de contratos. Según denuncia Unión de Uniones, los ganaderos a menudo se enfrentan a contratos impuestos por la industria, sin herramientas para negociar precios o condiciones. "La industria llega y nos planta el contrato para firmar y si no, no nos recoge la leche. ¿Dónde está la negociación? Necesitamos herramientas que nos ayuden, es de justicia", afirman desde el sector.
La organización advierte que la desaparición de granjas lecheras es un problema creciente. Durante el último año, se estima que ha cerrado una media de una explotación y media diaria de vacuno de leche, además de más de una explotación de ovino lechero cada dos días. Esta tendencia está relacionada con la falta de rentabilidad, que pone en riesgo la continuidad de las explotaciones y afecta la economía de numerosas zonas rurales.
Otro aspecto preocupante es el aumento de los costes de producción, que no se ha trasladado proporcionalmente a los precios pagados a los ganaderos. Los gastos en energía, gasóleo, piensos y forrajes han incrementado la presión económica sobre los productores, especialmente en áreas afectadas por la sequía.
Unión de Uniones también critica la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, argumentando que no ofrece suficiente protección a los productores. La organización reclama una mayor implicación de las administraciones públicas para supervisar las condiciones de contratación y garantizar que los ganaderos puedan operar en condiciones económicas sostenibles.
Para el 28 de octubre, Unión de Uniones ha convocado movilizaciones para exigir precios justos y una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria. Las protestas buscan hacer visible la necesidad de adoptar medidas que corrijan los desequilibrios comerciales y aseguren una remuneración adecuada para los productores. La organización considera que la modificación del Real Decreto 95/2019 puede ser una oportunidad para mejorar la situación, aunque subraya que su éxito dependerá de la voluntad de las administraciones para garantizar su cumplimiento.
