La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha expuesto en el Parlamento que la evaluación de las plantas de biogás debe llevarse a cabo con rigor, garantizando las condiciones ambientales necesarias y estableciendo mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las instalaciones autorizadas.
Durante su intervención en respuesta a una interpelación sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental de estas plantas, Martínez ha subrayado la importancia de que el ayuntamiento informe sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico. En caso de que se detecte una incompatibilidad, el órgano ambiental debe finalizar el procedimiento y archivar las actuaciones mediante una resolución motivada.
La consejera ha aclarado que las resoluciones pueden ser favorables o desfavorables, dependiendo de un análisis exhaustivo de las características de la instalación y de la normativa aplicable. Por lo tanto, aquellos proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos no podrán obtener una autorización favorable.
El biogás, que aprovecha residuos orgánicos, principalmente del sector primario, se enmarca dentro de la economía circular y puede ayudar a reducir las emisiones de metano. Sin embargo, Martínez ha enfatizado que estos beneficios no deben llevar a una disminución de las exigencias ambientales.
En el ámbito nacional, el Proyecto de Real Decreto de impulso del biometano busca reducir las importaciones de gas natural fósil y fomentar la descarbonización del sector gasista. A nivel europeo, se ha mencionado el Plan REPowerEU, que establece como objetivo alcanzar una producción de 35.000 millones de metros cúbicos de biometano para 2030.
Evaluación ambiental
La capacidad de tratamiento de cada planta determina el instrumento de prevención ambiental aplicable, conforme a la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía. Hasta su entrada en vigor en junio de 2026, se aplicaba la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Generalmente, las plantas que utilizan digestión anaerobia de residuos orgánicos requieren una Autorización Ambiental Integrada si superan las 75 toneladas diarias, o las 100 si su única actividad es la digestión anaerobia. Por debajo de estos umbrales, se someten a Autorización Ambiental Unificada Simplificada.
Ambos procedimientos incluyen la evaluación de impacto ambiental, y la autorización integrada incorpora la Declaración de Impacto Ambiental. Para evaluar el proyecto, el promotor debe documentar sus características y las medidas previstas para prevenir o corregir sus efectos.
Participación y seguimiento
Una vez revisada la documentación técnica y comprobada la compatibilidad con la normativa ambiental, se abre un periodo de información pública de al menos treinta días hábiles. Este trámite se publica en el BOJA y en el portal de la Junta, facilitando así la presentación de alegaciones.
Simultáneamente, se consulta a las administraciones competentes y se solicita al ayuntamiento un informe sobre las cuestiones de su competencia. Con los pronunciamientos necesarios, se elabora el dictamen ambiental, que se somete a audiencia del promotor y de las personas interesadas.
Finalmente, la resolución favorable establece las medidas de protección ambiental y un plan de seguimiento y vigilancia, así como la obligación de comunicar los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
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