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ARAMÉS–Front Ampli propone un impuesto del 10% a grandes propietarios de viviendas vacías en Baleares

La coalición ARAMÉS–Front Ampli ha presentado un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas vacías de grandes propietarios para combatir la especulación inmobiliaria en las Islas Baleares.

ARAMÉS–Front Ampli propone un impuesto del 10% a grandes propietarios de viviendas vacías en Baleares

ARAMÉS–Front Ampli ha lanzado una propuesta clave en su programa electoral para abordar la especulación inmobiliaria en las Islas Baleares: un impuesto anual del 10% sobre el valor de las viviendas que los grandes propietarios mantengan vacías o que no destinen a alquiler estable y asequible. Esta medida se aplicaría exclusivamente a quienes posean cuatro o más inmuebles, con el objetivo de desincentivar la acumulación de viviendas y facilitar su regreso al mercado residencial.

La candidata al Congreso, Carme Gomila, presentó la propuesta durante una visita a Son Güells, en Palma, acompañada del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En este barrio, donde conviven personas que residen en caravanas debido a la falta de acceso a viviendas convencionales y nuevas promociones residenciales de alto nivel, Gomila destacó la desigualdad que genera el actual modelo inmobiliario.

“En Son Güells vemos dos realidades que conviven a pocos metros. Por una parte, personas que tienen que vivir dentro de una caravana porque no pueden pagar una casa. Por la otra, promociones inmobiliarias pensadas para quienes pueden pagar precios que la inmensa mayoría de mallorquines no se pueden permitir”, afirmó Gomila.

La propuesta establece que el impuesto no afectará a pequeños propietarios ni a quienes destinen sus viviendas a residencia habitual o alquiler asequible. Así, una persona que tenga un piso donde vive y otro alquilado no deberá pagar este impuesto. En cambio, aquellos que acumulen múltiples viviendas vacías tendrán que asumir un coste significativo. Por ejemplo, una vivienda valorada en 300.000 euros estaría sujeta a un impuesto de 30.000 euros anuales si no se alquila de manera estable.

Gomila subrayó que el objetivo no es recaudar más a costa de la vivienda, sino desincentivar la especulación y ofrecer un incentivo real a los grandes propietarios para que pongan sus pisos a disposición de quienes los necesitan.

La coalición también ha alertado sobre el encarecimiento del mercado inmobiliario, donde los precios han alcanzado niveles incompatibles con los salarios de gran parte de la población. Según datos de ARAMÉS–Front Ampli, el precio medio de compraventa de viviendas de obra nueva se sitúa en torno a los 630.000 euros, mientras que las de segunda mano alcanzan los 470.000 euros.

Además, han señalado la creciente concentración de propiedades en pocas manos, con más de 26.000 viviendas en manos de propietarios que acumulan más de diez inmuebles. La coalición también propone limitar la compra de viviendas por parte de no residentes para reducir la presión de la demanda inversora.

Gomila concluyó su intervención enfatizando que la situación de Son Güells refleja una emergencia residencial que no se puede ignorar. “No podemos resignarnos a ver cómo cada vez más personas tienen que vivir en caravanas o en condiciones precarias mientras otros acumulan pisos para hacer negocio”, afirmó.

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