El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido en la Junta General el Proyecto de Ley de Participación Institucional, diseñado para proporcionar seguridad jurídica al diálogo y al modelo de concertación social, prácticas que han estado arraigadas en Asturias desde 1988.
Durante su intervención, Sánchez destacó que esta norma "ordena y garantiza un modelo de concertación clave para las políticas laborales, económicas y sociales de la comunidad". El proyecto establece claramente los derechos y responsabilidades de sindicatos y empresarios a través de un sistema institucional transparente, cuya máxima expresión será la creación del Consejo de Diálogo Social.
Para aclarar la financiación de este modelo, el consejero subrayó que la norma prohíbe el cobro de dietas, indemnizaciones o compensaciones personales por asistencia, asegurando que los presupuestos autonómicos solo destinarán partidas a las organizaciones más representativas por su labor de asesoramiento.
Sánchez también hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios para enriquecer el documento con aportaciones constructivas, animando a la Cámara a forjar los consensos necesarios para dotar a Asturias de "una ley sólida, útil y duradera, bajo la firme convicción de que una iniciativa basada en el diálogo debe construirse precisamente desde la escucha y el acuerdo".
El consejero estuvo acompañado por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Hacienda y de Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; la directora general de Empleo y Asuntos Europeos, Judit Flórez; y la directora gerente del Sepepa, Begoña López.
