El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que establece los requisitos mínimos para el uso turístico de viviendas como actividad clasificada. La medida, impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y la Ley 6/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las Islas Verdes.
Este nuevo decreto busca clarificar el régimen aplicable y facilitar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de regulación turística, aportando seguridad jurídica a los titulares de viviendas vacacionales y a las administraciones responsables de su control.
Entre los requisitos establecidos se incluyen la presentación de una memoria técnica que acredite el cumplimiento de la normativa, que deberá incluir planos de situación y distribución de la vivienda, fotografías del inmueble, documentación sobre la primera ocupación, y medidas de seguridad como detectores de humo y extintores.
Una de las principales novedades es la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para presentar la comunicación previa de actividad clasificada. Esta medida beneficiará a quienes ya operaban antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y necesitan completar su regularización administrativa.
Además, el decreto refuerza las funciones de comprobación e inspección de los ayuntamientos y cabildos insulares, que deberán implementar sus planes de control en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa.
El Gobierno también ha incluido un tratamiento específico para El Hierro, La Gomera y La Palma, aplicando preferentemente la Ley 14/2019 de ordenación territorial de la actividad turística en estas islas. Asimismo, se permite la reconstrucción de viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de 2021, sin que se exija el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva ley.
El decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, con efectos retroactivos a 13 de diciembre de 2025.
