El proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 contempla una dotación de 178,2 millones de euros para la atención a las personas con discapacidad. Así lo ha señalado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante un acto en Toledo con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.
García Torijano ha recordado que las cuentas están actualmente en tramitación parlamentaria y son accesibles al público. Estas cifras están pendientes de aprobación definitiva.
Durante el evento, organizado por la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, la consejera enfatizó que “el alta hospitalaria no puede significar el final de los apoyos” para quienes sufren daño cerebral. Muchas personas requieren asistencia para comunicarse, desplazarse y mantener sus relaciones sociales tras la fase hospitalaria.
La consejera también destacó que la autonomía implica “poder decidir cómo vivir, contando con los apoyos necesarios” y subrayó la importancia de la información y el acompañamiento para las familias afectadas.
En Castilla-La Mancha, se estima que más de 20.000 personas viven con daño cerebral adquirido. La entidad Daño Cerebral Castilla-La Mancha, fundada en 2002, cuenta con nueve Centros de Atención Directa en diversas localidades, donde se brindó atención a 695 personas en 2025 con un equipo de 27 profesionales.
Además, la Consejería de Bienestar Social colabora con otras entidades que ofrecen recursos y programas de apoyo, incluyendo un proyecto de neurorrehabilitación en Talavera de la Reina y una Unidad de Día en Alcázar de San Juan.
El acto también rindió homenaje a María del Carmen Cabellos, fundadora de la asociación, al cumplirse diez años de su fallecimiento. Durante la jornada se compartieron recuerdos y testimonios sobre su trayectoria y la evolución de la entidad, así como reconocimientos a diversas personalidades e instituciones que han apoyado la causa.
García Torijano agradeció la labor de las entidades sociales y sus profesionales, afirmando que la colaboración entre asociaciones, servicios sociales y familias es esencial para garantizar la continuidad de los apoyos.
