El Govern de Cataluña ha impulsado un nuevo decreto que busca simplificar y agilizar las autorizaciones y el registro de los centros y servicios sanitarios, al mismo tiempo que refuerza la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Esta propuesta, aprobada en el Consell Executiu, actualiza la normativa vigente y se aplicará a todos los centros, tanto públicos como privados, en la comunidad autónoma.
Una de las principales novedades del decreto es la reducción de la documentación que deben presentar los centros al solicitar la autorización de funcionamiento. De esta manera, no será necesario volver a aportar la documentación técnica previamente presentada para la autorización de instalación, siempre que se mantenga vigente y se cumplan las condiciones establecidas.
Además, el nuevo marco establece que los centros deberán renovar su autorización de funcionamiento cada diez años mediante una declaración responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios. Para los centros ya autorizados, este plazo comenzará a contar desde la entrada en vigor del decreto.
La propuesta también clarifica las definiciones de consulta médica y otros espacios sanitarios, asignando responsabilidades específicas a los titulares en cuanto a la calidad y seguridad de los pacientes. Aunque las consultas no tendrán que elaborar un plan anual de calidad y seguridad, deberán seguir cumpliendo con las garantías asistenciales.
El nuevo marco refuerza la responsabilidad de los centros en la verificación de la titulación y competencias de los profesionales, así como en la gestión de incidentes y riesgos. Se mantendrán los controles sanitarios, asegurando que la simplificación de trámites no implique una reducción en la supervisión de la calidad asistencial.
La memoria de impacto del decreto estima que los costos globales para los centros y servicios sanitarios disminuirán de 38,99 a 33,37 millones de euros, lo que representa una reducción del 14,41%. La tramitación se realizará de manera digital a través del Canal Empresa, con un plazo máximo de dos años para adaptar los procedimientos a formatos estructurados y facilitar el acceso a datos ya disponibles en las administraciones.
El decreto entrará en vigor veinte días después de su publicación en el DOGC, y los centros autorizados tendrán un plazo de hasta doce meses para adaptarse a las nuevas obligaciones documentales y organizativas.
