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El Gobierno de Canarias destina 1.346 millones a la financiación de universidades hasta 2030

El acuerdo con la ULL y la ULPGC establece las bases de financiación universitaria para el periodo 2027-2030, con un incremento del 23,66% en la aportación anual.

El Gobierno de Canarias destina 1.346 millones a la financiación de universidades hasta 2030

El Gobierno de Canarias ha formalizado un acuerdo con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para establecer las bases de su financiación durante el periodo 2027-2030. Este plan prevé una aportación global de 1.346 millones de euros, lo que representa un aumento del 23,66% en comparación con 2026.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la importancia de las universidades públicas como motor de generación de conocimiento y su contribución al desarrollo económico y social del archipiélago. El acuerdo, que se firmó en el Parlamento de Canarias, permitirá a ambas instituciones planificar su actividad con mayor estabilidad y vincula parte de los recursos a la mejora de la formación y la investigación.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que este acuerdo responde a las necesidades económicas de las universidades y permitirá un seguimiento anual para garantizar que los recursos se traduzcan en mejores resultados para el estudiantado.

Los rectores de ambas universidades, Lluís Serra y Francisco García, han expresado su satisfacción por el acuerdo, que consideran un paso histórico hacia la seguridad financiera de las instituciones. Además, han resaltado la necesidad de abordar cuestiones como el alojamiento de estudiantes y la actualización de infraestructuras.

La programación económica prevé asignar 311,47 millones de euros en 2027, 335,82 millones en 2028, 344,82 millones en 2029 y 353,92 millones en 2030. Este nuevo modelo de financiación permitirá a las universidades tomar decisiones a largo plazo y mejorar su funcionamiento ordinario, así como aumentar sus ingresos propios.

El seguimiento del acuerdo estará a cargo de una comisión integrada por la Consejería, las universidades y los consejos sociales, asegurando así la transparencia y la correcta utilización de los fondos asignados.

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