El Gobierno de Navarra ha decidido personarse en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) contra la Ley Foral 14/2026. Esta ley, aprobada el 25 de junio, busca proteger permanentemente las viviendas de alquiler protegido en el territorio.
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha señalado que el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno será el encargado de defender la constitucionalidad de esta norma y el derecho de autogobierno en políticas de vivienda.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso nº 6911-2026, promovido por 120 diputados del PP, que impugna ciertos apartados de la disposición transitoria única de la Ley Foral. Con esta acción, el Gobierno navarro busca reafirmar la legitimidad de una norma que tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, evitando dinámicas especulativas.
La Ley Foral 14/2026 elimina la posibilidad de que las viviendas protegidas en régimen de alquiler pasen a la venta tras 21 años, extendiendo el régimen de protección indefinida a otras viviendas. Se estima que esta reforma beneficiará a unas 2.200 familias navarras, asegurando la continuidad del régimen de alquiler protegido.
El Ejecutivo foral considera que la política de vivienda debe ofrecer estabilidad y continuidad, defendiendo que la regulación de la función social de la vivienda debe permitir a los poderes públicos adoptar medidas para conservar el parque protegido.
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