El Parlamento de Canarias ha dado un paso importante al aprobar la toma en consideración del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que busca establecer un marco normativo adaptado a las particularidades del Archipiélago. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez, inicia su tramitación legislativa en la Cámara.
Tras este primer debate, se abrirá un periodo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas y propuestas de modificación al texto. Durante su intervención, el consejero destacó la necesidad de contar con un marco normativo que permita ordenar y planificar la movilidad de manera integral, centrada en las necesidades de los canarios y canarias.
El proyecto tiene su origen en un dictamen de la Comisión de Estudio sobre la situación del transporte en las islas, aprobado en marzo de 2019, que instaba al Gobierno a elaborar una ley específica de movilidad sostenible. Esta normativa responde a cuatro necesidades fundamentales: articular los diferentes instrumentos de planificación de la movilidad, reducir las emisiones contaminantes del transporte, impulsar la digitalización de datos para mejorar la gestión y fomentar la transparencia y participación pública en las políticas de movilidad.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento de la movilidad sostenible como un derecho colectivo, garantizando desplazamientos seguros y accesibles, mejorando la conexión entre distintos modos de transporte y promoviendo alternativas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. También se prestará especial atención a las personas con discapacidad y a colectivos en riesgo de exclusión.
La futura ley contempla la creación de un sistema de planificación estructurado en cinco instrumentos: el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, planes insulares, planes supramunicipales y municipales, y planes de movilidad de grandes centros generadores de movilidad. La norma abordará de manera conjunta los modos de transporte terrestre, marítimo y aéreo, reforzando la intermodalidad para mejorar las conexiones dentro y entre islas.
Además, se integrará la movilidad en la ordenación territorial y urbanística, considerando que la planificación de las ciudades influye directamente en los desplazamientos de la población. El texto también establecerá estándares de calidad y seguridad para infraestructuras y servicios de interés autonómico, así como las bases para las obligaciones de servicio público y principios de financiación de los servicios de movilidad.
Entre las medidas destacadas se encuentra la creación del Laboratorio de la Movilidad, un instrumento destinado a impulsar la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para fomentar desplazamientos más eficientes. La Consejería ha llevado a cabo un proceso participativo en la elaboración del proyecto, incluyendo entrevistas a agentes del sector y mesas de participación en todas las islas, así como la colaboración de cabildos insulares y la participación de la Mesa del Transporte de Canarias.
Con el inicio de su tramitación parlamentaria, esta iniciativa avanza en su objetivo de dotar a Canarias de una regulación propia que ordene la movilidad, ofrezca seguridad jurídica a las administraciones y sitúe a las personas en el centro de las políticas de transporte.
