Izquierda Unida (IU) de Santander llevará al Pleno de octubre una solicitud de balance sobre las políticas municipales de vivienda y el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2024-2027. El concejal Keruin Martínez quiere conocer los compromisos cumplidos, la disponibilidad de viviendas para alquiler asequible y las medidas que quedan por implementar hasta 2027.
“La política de vivienda en Santander no empezó con la aprobación de un documento. IU lleva años planteando propuestas para ampliar el alquiler público y dar al Ayuntamiento un papel activo. Ahora toca comprobar qué ha cambiado y qué respuesta reciben las personas que necesitan vivienda”, ha afirmado Martínez.
En diciembre de 2020, el Pleno aprobó por unanimidad una moción para elaborar un plan municipal de vivienda con financiación y un calendario de seguimiento. Desde su preparación, IU ha defendido la necesidad de ampliar el parque público de alquiler y movilizar vivienda vacía. El Plan fue presentado en febrero de 2024 y aprobado formalmente en noviembre de ese año.
Una de las medidas reclamadas por IU fue la inclusión de un Protocolo Antidesahucios, en línea con la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, para coordinar con los servicios sociales. “Es una medida que nos plantean los mismos trabajadores de esta área, ya que hay una gran necesidad de actuación y coordinación para atender a los afectados por esta situación”, ha explicado el edil, quien ha criticado la falta de respuesta del PP a estas necesidades.
Además, IU impulsó la incorporación del alquiler asequible a los fines de la Sociedad de Vivienda y Suelo. En noviembre de 2023, se logró reservar 15 viviendas de El Alisal para esta modalidad, modificando los estatutos de la Sociedad para incluir el alquiler asequible por primera vez en Santander.
Martínez ha señalado que, aunque es un pequeño paso hacia un parque de vivienda pública, es necesario que se traduzca en acciones efectivas. Las preguntas que se plantearán en el Pleno incluyen el estado de las 15 viviendas, la elaboración de un mapa de vivienda vacía, la existencia de un registro de demandantes y las ayudas municipales a la rehabilitación y eficiencia energética.
“No basta con anunciar promociones: necesitamos saber cuántas viviendas quedan realmente en alquiler público, qué hogares pueden acceder a ellas y qué recursos va a poner el Ayuntamiento para responder a la demanda”, ha concluido Martínez.
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