La Junta de Andalucía ha definido los servicios mínimos necesarios para mantener la operatividad de los servicios públicos esenciales que dependen de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública durante la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece dotaciones mínimas de personal para preservar la disponibilidad de los sistemas tecnológicos que sustentan servicios fundamentales, especialmente en áreas críticas como emergencias, seguridad digital y administración electrónica.
Protección de sistemas de emergencias
Entre las medidas adoptadas, se destaca la asignación del 100% de los recursos humanos necesarios para garantizar la disponibilidad de las infraestructuras tecnológicas críticas. Esto incluye los centros de procesamiento de datos de la Junta, ubicados en el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) en Sevilla y en el edificio Zoco de Tomares, así como el centro de emergencias 112.
Ciberseguridad y comunicaciones
La resolución también establece un 50% de los medios humanos en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía y el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en Málaga, así como para los servicios de comunicaciones corporativas, incluyendo la Red Corporativa de la Junta y el correo electrónico.
Servicios de administración electrónica
En el ámbito de la administración digital, se fijan servicios mínimos del 40% para garantizar la operatividad de las plataformas de administración electrónica y otros sistemas esenciales. Los sistemas que permiten la publicación del BOJA contarán con un servicio mínimo del 20%.
Compromiso con el derecho de huelga
La resolución, firmada por la viceconsejera Ana María Corredera Quintana, se adoptó tras una reunión con el comité de huelga de las organizaciones sindicales. Los servicios mínimos se han establecido con criterios de proporcionalidad, limitándose a los recursos imprescindibles para preservar los servicios esenciales sin afectar el derecho a huelga de los empleados públicos.
