El nuevo decreto-ley de medidas complementarias para la recuperación de La Palma, aprobado el pasado lunes por el Consejo de Gobierno, se publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias y entrará en vigor mañana, 12 de noviembre.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Nieves Lady Barreto, ha destacado que esta modificación introduce aspectos relevantes en la ley urbanística, agraria y de vivienda pública de La Palma. Estas medidas buscan abordar cuestiones que no podían regularse hasta que los procesos de recuperación estuvieran más avanzados.
Una de las principales novedades es la posibilidad de que, al vender una finca de plátanos afectada por el volcán, se pueda transmitir el histórico de la finca y las ayudas del POSEI durante al menos dos años. Esto tiene como objetivo apoyar a aquellos que desean reconstruir sus explotaciones. “A partir de este momento, cuando un agricultor afectado por el volcán quiera vender su finca, también podrá traspasar su histórico al comprador”, explicó Barreto.
La consejera subrayó que esta modificación busca ayudar a quienes desean continuar con la actividad agrícola y a aquellos que, por diversas razones, no pueden seguir explotando sus fincas, manteniendo así la esencia del cultivo del plátano como fuente de ingresos para muchas familias de La Palma.
Barreto recordó que esta opción se planteó a finales de 2023, en colaboración con la Consejería de Agricultura, durante la redacción de la ley agraria. En ese momento, la autorización para el traspaso de históricos podría haber llevado a ventas a precios muy bajos, debido a la incertidumbre que enfrentaban los agricultores antes de que se implementara el Plan de Compensaciones.
“No podíamos evitar que se compraran y se vendieran fincas, pero sí podíamos poner barreras a la especulación”, añadió. Ahora, con los agricultores habiendo recibido compensaciones por lo perdido y con la convocatoria de un PEPAC específico del volcán, la situación ha cambiado. “Hoy, si un agricultor quiere vender, lo hará a un precio razonable, sin el apuro inicial”, concluyó.
La consejera de Presidencia también enfatizó que parte del trabajo del Gobierno de Canarias es adaptar la normativa de recuperación, ya que es un proceso en constante evolución que debe tener en cuenta diversas realidades y necesidades.
