El Gobierno de Asturias ha dado luz verde a la construcción de 36 viviendas de protección pública y un local en Sotrondio, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, con un presupuesto máximo de 10.127.591 euros. Esta promoción será la primera en España financiada con el Fondo de Transición Justa (FTJ), a través del programa Asturias Vivienda, que busca facilitar el acceso a viviendas asequibles.
La decisión fue adoptada en la reunión del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. La contratación incluirá tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras, con un plazo previsto de 26 meses: cuatro para la elaboración del proyecto y 22 para la construcción.
Las viviendas se ubicarán en una parcela de 1.010 metros cuadrados en la calle José Calvo Miguel y podrán recibir hasta el 70% de cofinanciación del FTJ correspondiente al período 2021-2027. Esta iniciativa forma parte de un compromiso más amplio del Gobierno del Principado con San Martín del Rey Aurelio en materia de vivienda.
Además de esta promoción, se ha impulsado la rehabilitación del barrio de San Vicente en L’Entregu, con una inversión de 1,08 millones de euros, que incluye mejoras en fachadas, cubiertas e instalación de placas solares para aumentar la eficiencia energética.
La promoción en Sotrondio es solo una de las decisiones relevantes en políticas de vivienda adoptadas por el Ejecutivo autonómico este mes. El pasado 13 de octubre, se aprobó la cesión de 5.700 metros cuadrados de suelo público para construir cerca de 300 nuevos pisos en Oviedo y Villaviciosa. En total, el Gobierno de Asturias se ha propuesto ampliar el parque público con 1.500 pisos en esta legislatura, con más de 600 ya en construcción.
Además, se ha alcanzado un acuerdo con la patronal y los sindicatos para promover la creación de 400 viviendas protegidas en el próximo año. Otras iniciativas incluyen la declaración de zonas tensionadas y el programa Alquilámoste, así como un compromiso de duplicar en 2027 los fondos para ayudas al alquiler, que pasarán de 15 a 30 millones de euros para beneficiar a 10.000 familias.
Por otra parte, la Junta General tramita actualmente el proyecto de Ley de Vivienda, que busca garantizar la seguridad jurídica de las acciones impulsadas por el Principado y proteger el parque público de viviendas.