La consejera de Economía y presidenta de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), Eva Valle, ha clausurado recientemente el comité de gerentes de las sociedades públicas aragonesas. Durante el evento, Eloy Suárez, consejero delegado de CEPA, anunció la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que busca hacer más colaborativo y eficiente el funcionamiento del grupo empresarial.
Este plan se centrará en la “nueva cultura corporativa, la inteligencia artificial, la medición de resultados y la optimización de los recursos públicos”. Suárez destacó que el objetivo es crear un auténtico grupo empresarial que sea más eficiente, coordinado y preparado para el futuro, a través del Plan Estratégico 2027/2031.
Valle subrayó la importancia de las empresas públicas en el contexto económico actual, afirmando que cada una puede contribuir a hacer de Aragón una comunidad más competitiva y atractiva para la inversión y el empleo. La consejera destacó tres principios clave para lograr estos objetivos: eficiencia, coordinación y buen gobierno.
En su intervención, Suárez explicó que el nuevo plan estratégico busca superar la dinámica actual en la que cada sociedad actúa de manera independiente. “Queremos sociedades públicas que trabajen juntas”, enfatizó, añadiendo que esta transformación no restará autonomía a las empresas, sino que les dotará de más herramientas y oportunidades mediante una estrategia común.
La nueva cultura corporativa permitirá una mayor coordinación, el aprovechamiento de sinergias y la posibilidad de compartir servicios y conocimientos. También se centrará en la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma, buscando una utilización eficiente de los recursos públicos y un control del déficit autonómico.
Suárez destacó que la eficiencia debe ser una exigencia transversal para todas las sociedades, sin comprometer la calidad de los servicios. Además, la transformación digital y la inteligencia artificial jugarán un papel crucial en este proceso, promoviendo una agenda común de datos y evitando que cada sociedad desarrolle soluciones de forma aislada.
Finalmente, la convención abordó la posibilidad de establecer convenios de cooperación entre las distintas sociedades públicas para compartir capacidades y desarrollar actuaciones conjuntas con mayor agilidad y seguridad jurídica.