ASAJA ha expresado su preocupación por el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura sobre la futura Política Agraria Común (PAC), considerándolo un avance parcial que no garantiza la viabilidad de las explotaciones agrarias. Según la organización, la falta de un presupuesto definido para el periodo posterior a 2027 es un obstáculo fundamental.
La organización recuerda que en Bruselas se mantiene la máxima de que “nada está cerrado hasta que todo está cerrado”. Sin la financiación definitiva, es imposible evaluar el verdadero impacto de la reforma en las explotaciones agrarias europeas.
El análisis de Farm Europe respalda la preocupación de ASAJA, indicando que la propuesta presupuestaria actual podría resultar en una reducción significativa de la renta agraria en toda la Unión Europea. Se estima que, para 2035, la pérdida media alcanzaría los 94 euros por hectárea en la UE, mientras que en España la reducción sería de 72 euros por hectárea, lo que afectaría gravemente la rentabilidad de miles de explotaciones.
Estimaciones de pérdidas de renta agraria en la UE para 2035
- Grecia: 169 €/ha
- Países Bajos: 156 €/ha
- Francia: 143 €/ha
- Italia: 113 €/ha
- Polonia: 87 €/ha
- Chequia: 87 €/ha
- Alemania: 77 €/ha
- España: 72 €/ha
- Bulgaria: 72 €/ha
- Eslovaquia: 71 €/ha
- Rumanía: 65 €/ha
- Finlandia: 65 €/ha
- Suecia: 65 €/ha
ASAJA subraya que no se puede cerrar una reforma de la PAC sin conocer los recursos económicos que la respaldarán, especialmente ante la previsión de reducción de rentas para agricultores y ganaderos. La organización insiste en que el debate sobre la futura PAC debe centrarse en los problemas inmediatos que enfrenta el campo europeo.
Entre las medidas urgentes que ASAJA propone se incluyen la prolongación de los mecanismos de apoyo para afrontar el coste de los fertilizantes, la ampliación de las ayudas al gasóleo agrícola y el refuerzo de la reserva de crisis de la PAC.
En conclusión, ASAJA defiende que el objetivo no debe ser alcanzar un acuerdo a cualquier precio, sino asegurar que los agricultores y ganaderos puedan seguir produciendo y viviendo de su trabajo. Un acuerdo sin financiación suficiente, que podría suponer una pérdida de 72 euros por hectárea en España, no responde a las necesidades del sector.
