El Consejo de Gobierno de Asturias ha aprobado un nuevo reglamento de evaluación del desempeño del personal empleado público, marcando un avance significativo en la modernización de la Administración autonómica. Esta norma culmina el desarrollo de la Ley de Empleo Público en esta materia y establece una regulación específica para la evaluación del desempeño, convirtiéndola en una herramienta clave para reconocer el talento y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Una de las principales novedades del reglamento es la introducción de la evaluación positiva excelente, que permitirá reconocer a aquellos empleados que alcancen la máxima valoración en todas las áreas evaluadas y que realicen una contribución notable a la mejora del servicio público. Este reconocimiento se podrá tener en cuenta como mérito cualificado en diversos procedimientos, como la provisión de puestos de trabajo y la asignación de productividad variable.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha subrayado que “la norma consolida un modelo que reconoce el compromiso, la profesionalidad y el trabajo bien hecho de las personas que sostienen cada día los servicios públicos”. Además, ha destacado que esta regulación impulsa la mejora continua y refuerza una Administración más eficaz y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía.
El reglamento, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, representa un paso más en la evolución de un sistema que comenzó a desarrollarse hace más de una década con la implantación de la carrera horizontal. Hasta ahora, la evaluación se centraba en la progresión profesional, pero con esta nueva norma adquiere un carácter más amplio como procedimiento general de gestión de recursos humanos.
La nueva regulación también refuerza la objetividad del sistema de evaluación, estableciendo que cada unidad administrativa deberá contar con tres objetivos colectivos cuantificables y verificables. Estos objetivos estarán relacionados con la eficacia, la calidad de los servicios y el rendimiento organizativo, y su cumplimiento será publicado anualmente en el Portal de Transparencia.
Además, la norma otorga a la Inspección General de Servicios funciones de auditoría y supervisión para garantizar la correcta aplicación del sistema y proponer mejoras continuas. La evaluación del desempeño se realizará anualmente, permitiendo valorar tanto el trabajo de cada empleado como la contribución de las unidades a los objetivos colectivos.
Por último, el reglamento introduce nuevas reglas para facilitar la promoción interna y la movilidad entre distintos ámbitos del sector público autonómico, así como la integración del personal que se incorpore por procesos de transferencia de competencias.
