El Principado de Asturias ha presentado un nuevo proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias que establece un marco común para mejorar la prevención y coordinar los servicios públicos ante situaciones de riesgo, con un enfoque especial en los incendios forestales y la protección de la población.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó en su intervención en la Junta General la importancia de esta norma, que busca anticiparse a los riesgos y coordinar las actuaciones de emergencia. Calvo estuvo acompañado por los directores generales de Custodia del Territorio e Interior, David Villar, y de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, así como del gerente del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), Jesús Pallarés.
La ley considera las características particulares de Asturias, como su orografía compleja y la dispersión de la población, así como la exposición a fenómenos adversos como inundaciones y deslizamientos. Una de las principales novedades es el refuerzo de la función del Sepa en la atención a las emergencias y en la dirección operativa sobre el terreno.
Los artículos 27, 28 y 29 de la norma establecen un marco claro para coordinar las intervenciones y definir quién dirige los planes en función de cada situación. Esto garantiza que cada servicio tenga claras sus funciones y que los recursos movilizados actúen de manera conjunta.
Además, la ley integra la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y prevé la creación de una Red de Información sobre Protección Civil, gestionada por el Sepa, que incluirá un mapa de riesgos y un registro de planes de protección civil.
La nueva legislación también promueve la autoprotección y la preparación de la ciudadanía a través de programas específicos y simulacros, incluyendo en los centros escolares. Asimismo, consolida el Plan Territorial de Protección Civil del Principado (Platerpa) como herramienta para coordinar los planes locales.
Entre otras medidas, se garantiza la gratuidad del servicio de llamadas del 112 Asturias y se establece un parte único de emergencias para mejorar la trazabilidad de las actuaciones. La norma también reconoce la labor de más de 700 voluntarios de protección civil y establece requisitos mínimos de formación para su participación en emergencias.
El texto incluye un régimen sancionador que diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves, y regula la financiación vinculada a la mejora de los servicios de prevención y extinción de incendios. En definitiva, esta iniciativa busca dotar a Asturias de un sistema de protección civil más eficiente y coordinado, capaz de salvaguardar a la población y el patrimonio natural frente a los riesgos asociados al cambio climático.