El Ayuntamiento de Barbastro mantiene abierto hasta el próximo 9 de noviembre el plazo de presentación de ofertas para ejecutar las obras de acondicionamiento de las cubiertas del Palacio de Congresos. Esta actuación busca corregir los desperfectos ocasionados por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas, garantizando así la conservación y el uso adecuado de este importante equipamiento sociocultural de la ciudad.
El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 266.362,31 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses, con posibilidad de prórroga de otros dos. La intervención se centrará en las cubiertas de la zona multiusos, la caja escénica y el auditorio, abordando problemas de humedades y abombamientos.
El proyecto incluye trabajos de desmontaje de elementos deteriorados, renovación de sistemas de impermeabilización y aislamiento, acondicionamiento de lucernarios, así como la reposición de instalaciones afectadas. También se realizarán comprobaciones para verificar la estanqueidad y el correcto funcionamiento de los sistemas de evacuación de agua.
El Alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha subrayado la importancia de mantener en condiciones adecuadas esta infraestructura, que ofrece una programación cultural estable y acoge eventos de diversa índole. “El Palacio de Congresos es mucho más que un edificio municipal; es un equipamiento que hace que Barbastro sea más ciudad”, ha afirmado.
Torres también ha destacado la dimensión económica del Palacio, indicando que cada actividad que se celebra allí contribuye a generar movimiento en la ciudad, beneficiando a la hostelería y al comercio local. Por su parte, la concejal de Cultura, Pilar Abad, ha señalado que disponer de este espacio es “fundamental” para desarrollar una programación cultural continua y diversa.
El proyecto de ejecución, redactado por los arquitectos Mario Torrente y Miguel Domper, establece una intervención integral sobre las cubiertas para subsanar las deficiencias detectadas. La adjudicación se realizará mediante criterios evaluables automáticamente, priorizando la oferta económica y la ampliación del plazo de garantía, con el objetivo de favorecer la eficiencia en el gasto público y la durabilidad de los trabajos.
