La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha iniciado una serie de mejoras en la coordinación de la inspección de centros sociales, con el objetivo de aumentar la capacidad de seguimiento y evaluación de la atención a personas dependientes en el Archipiélago.
Esta semana se llevó a cabo una reunión que reunió a los servicios de inspección de la Consejería, miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, la Fiscalía, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez. Durante el encuentro se presentó el Plan Anual de Inspección, que comenzará a implementarse el 1 de enero y contempla al menos 400 inspecciones anuales.
El viceconsejero Candil destacó la importancia de consolidar un modelo de inspección más sistemático, que no solo verifique el cumplimiento de requisitos administrativos, sino que también evalúe la calidad real de la atención recibida por los usuarios. “Queremos un seguimiento más riguroso de las condiciones de atención”, afirmó.
La actividad inspectora se llevará a cabo de manera continua, con visitas periódicas a centros residenciales y recursos sociales destinados a personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia. Se ha establecido un sistema de indicadores comparables y un servicio de apoyo técnico que mejora la calidad de las actuaciones y la verificación de estándares organizativos.
Además, se han analizado datos sobre higiene y satisfacción de usuarios y familiares, garantizando que cualquier demanda o denuncia sea trasladada al servicio de Inspección. La potestad inspectora seguirá siendo competencia de la Administración autonómica, que también propondrá medidas correctoras o sancionadoras.
Con estas iniciativas, la Consejería busca fortalecer el sistema público de dependencia, asegurando que los centros y servicios mantengan los niveles de calidad exigidos por la normativa y protegiendo así los derechos de las personas atendidas.
