El Govern de Cataluña ha dado un paso importante al aprobar una estrategia que busca promover la colaboración entre el sector público y privado, en un esfuerzo por acelerar la ejecución de infraestructuras prioritarias en la región.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Pla de Govern y el Pla Catalunya Lidera, y tiene como objetivo garantizar que los proyectos de infraestructura se desarrollen de manera eficaz y eficiente, cumpliendo con criterios de calidad y coste en los contratos.
La colaboración público-privada requiere de conocimientos especializados en áreas como la estructuración jurídica y económico-financiera, la asignación de riesgos y la gestión de contratos a largo plazo. Para ello, la Subdirección General de Soporte y Gestión de Colaboración Público-Privada ofrecerá apoyo jurídico y asesoramiento económico a los órganos promotores de la Generalitat.
El asesoramiento se centrará en grandes proyectos de infraestructuras relacionadas con el transporte, agua, residuos, energía, equipamientos y digitalización. Este apoyo será obligatorio para contratos de colaboración que superen los cinco años y que cuenten con una aportación pública mínima de 10 millones de euros.
Además, se establece que los órganos promotores deben comunicar a la Dirección General de Contratación Pública la programación estratégica de los proyectos que requieran este apoyo, tanto los que están en curso como los que se encuentren en fases iniciales.
La estrategia también se extiende a proyectos promovidos por el Parlamento de Cataluña, universidades públicas y entidades locales, que podrán solicitar asesoramiento mediante convenios de colaboración.
Organismos internacionales como la OCDE y el BEI han recomendado la creación de unidades especializadas en colaboración público-privada para maximizar la eficacia y eficiencia en los contratos públicos, mejorando así la relación calidad-precio en las licitaciones.
El Pla Catalunya Lidera prevé movilizar hasta 18.500 millones de euros en inversiones en sectores como el transporte, la vivienda, la salud y la educación, donde la colaboración público-privada se presenta como una herramienta clave para facilitar la financiación y el mantenimiento de infraestructuras.
