El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que destina 30 millones de euros para apoyar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Esta medida busca acelerar la percepción de ayudas y evitar las esperas asociadas a los procedimientos ordinarios de los seguros.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentó la iniciativa en la rueda de prensa posterior al Consejo. El real decreto ley establece ayudas inmediatas y anticipos de indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil, complementando los mecanismos existentes para la asistencia integral a las víctimas y sus familias.
Las ayudas, que son compatibles con las indemnizaciones obligatorias, se recibirán íntegramente y estarán exentas de tributación. De los 30 millones de euros, 15 millones se destinarán a ayudas urgentes y otros 15 millones a anticipos. En caso de fallecimiento, se otorgará una ayuda directa de más de 72.121 euros por persona fallecida, mientras que las ayudas por lesiones corporales variarán según la gravedad, desde más de 2.404 euros hasta más de 84.141 euros.
Además, los trabajadores afectados recibirán una protección especial en materia de Seguridad Social, considerando las bajas laborales por incapacidad temporal como accidentes de trabajo, lo que permitirá percibir la prestación desde el primer día de baja y en una cuantía superior a la habitual.
El Gobierno también creará Oficinas de Atención Integral a las víctimas, que estarán disponibles a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Estas oficinas ayudarán a los afectados a solicitar y tramitar las ayudas. Si alguna persona no puede desplazarse, personal del Gobierno la atenderá en su domicilio.
Por último, el real decreto ley incluye la limitación de precios en transportes alternativos y servicios de alojamiento relacionados con el accidente, para evitar que los incrementos de precios agraven la situación de los afectados.
