La flota pesquera española comenzará este sábado su retirada de las aguas de Mauritania tras la expiración del acuerdo de pesca con la Unión Europea (UE). La falta de renovación del protocolo, cuyas negociaciones siguen abiertas, ha generado preocupación entre los armadores, que temen importantes pérdidas económicas y desconocen cuándo podrán regresar a uno de los caladeros más relevantes para la pesca española.
Este acuerdo, considerado el más significativo de la UE en materia pesquera, ha permitido que cerca de un centenar de barcos de diez países comunitarios operen en aguas mauritanas. España, en particular, ha contado con más de 50 licencias, utilizadas por embarcaciones de Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco. La actividad de estos barcos es crucial para puertos y lonjas españolas, como la de Cádiz, que depende en gran medida de las capturas de este caladero.
A cambio de permitir la actividad pesquera, la UE ha abonado a Mauritania una compensación anual de 60,8 millones de euros. Sin embargo, las nuevas exigencias económicas planteadas por Nuakchot han dificultado la renovación del acuerdo. La salida de los barcos también tendrá repercusiones para los trabajadores locales, ya que cerca de un millar de marineros mauritanos perderán su empleo debido a la finalización del protocolo.
La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta a Mauritania, que incluye una mejora en la compensación económica y los cánones que deberán abonar los armadores para faenar en sus aguas. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está presionando para acelerar las negociaciones y lograr una renovación antes de la medianoche del 14 de noviembre.
Isabel Artime, secretaria general de Pesca, ha indicado que el Gobierno está instando a la Comisión Europea a intensificar los contactos para alcanzar un acuerdo. También el Ministerio de Asuntos Exteriores está involucrado en las gestiones diplomáticas para intentar desbloquear la situación.
Desde la patronal de armadores Cepesca, su secretario general, Javier Garat, ha destacado la importancia estratégica del acuerdo, que va más allá de la actividad pesquera. Mauritania también recibe importantes fondos europeos destinados a programas de cooperación, que desde 2021 se sitúan entre 800 y 1.000 millones de euros.
La falta de un acuerdo tendrá un impacto económico inmediato sobre las empresas pesqueras. Según la Asociación Nacional de Marisqueros (Anamar), los 15 buques de esta modalidad que operan en Mauritania podrían perder más de cinco millones de euros mensuales si no pueden continuar faenando, lo que podría traducirse en pérdidas de hasta 30 millones en seis meses.
La situación preocupa especialmente a los armadores que no tienen otros caladeros donde trasladar sus embarcaciones. María José de Pazo, armadora del buque gallego ‘Fuente de Macenlle’, ha advertido sobre el impacto de la interrupción de la actividad, señalando que Cádiz celebrará el próximo lunes la última subasta de pescado procedente de Mauritania. Además, se prevé una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno para expresar el descontento del sector.
La armadora ha calificado la situación de «brutal» y ha alertado que la falta de capturas podría afectar al abastecimiento de pescado durante la campaña de Navidad, uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.
Desde el Ministerio de Pesca, Isabel Artime ha afirmado que existen otros caladeros donde la flota podría desarrollar su actividad, tanto si se alcanza un nuevo acuerdo como si las negociaciones fracasan. Sin embargo, los armadores consideran que las alternativas son limitadas, y los buques merluceros, como el ‘Fuente de Macenlle’, no tienen opciones claras para trasladar su actividad.
En el caso de los marisqueros andaluces, Guinea-Bisáu podría ser una alternativa, aunque existe preocupación por el riesgo de sobreexplotación de sus recursos pesqueros. Los atuneros, por su parte, cuentan con más posibilidades de operar en otros caladeros gracias a acuerdos existentes.
La incertidumbre ha generado críticas hacia la gestión de las negociaciones por parte de las instituciones europeas. María José de Pazo ha denunciado la falta de planificación y transparencia, advirtiendo que la situación podría llevar a los armadores europeos a cambiar de bandera para mantener su actividad. También ha expresado su preocupación por los trabajadores del sector que no saben si podrán mantener sus empleos y cumplir con sus compromisos económicos mientras se resuelve el futuro del acuerdo.
Por el momento, la flota española deberá abandonar las aguas mauritanas este sábado, mientras continúan las negociaciones para intentar recuperar el acceso a este caladero fundamental para la pesca en España.
