ASAJA Córdoba ha manifestado su inquietud respecto a las posibles repercusiones del Inventario de Cauces Públicos en la propiedad de terrenos y los derechos de riego de los agricultores. La organización advierte que la aplicación de este inventario podría tener “importantes consecuencias para las explotaciones agrarias” si se considera como un deslinde encubierto.
Durante el periodo de información pública, ASAJA Córdoba presentó más de una treintena de alegaciones de socios afectados, cuestionando la inclusión de terrenos de sus fincas como cauces. La organización reclama que la cartografía se utilice como herramienta técnica de apoyo, sin sustituir los procedimientos legales establecidos que garantizan los derechos de los propietarios.
El Inventario se ha elaborado a partir de cartografía preexistente y procesos semiautomáticos, lo que, según ASAJA Córdoba, puede dar lugar a errores en la identificación de parcelas concretas. Por ello, la organización exige que se verifique la realidad de los terrenos afectados y se estudien de forma individualizada las alegaciones antes de tomar decisiones que puedan perjudicar a las explotaciones.
ASAJA Córdoba recuerda que la Ley de Aguas establece que el deslinde aprobado determina la posesión y titularidad de los terrenos a favor del Estado, por lo que la cartografía del Inventario no debe equipararse a una resolución de deslinde. Además, la organización señala que las limitaciones derivadas de la delimitación de cauces pueden afectar a los terrenos colindantes, imponiendo restricciones en usos del suelo y actividades.
En este sentido, la legislación establece una zona de policía de 100 metros de anchura en cada margen de los cauces, lo que podría traducirse en exigencias de autorización para obras, limitaciones para movimientos de tierras y restricciones en la plantación y corta de arbolado. ASAJA Córdoba advierte que una identificación incorrecta de un cauce puede comprometer futuras inversiones y mejoras necesarias para la actividad agraria.
Por todo ello, la organización solicita a la Administración que aclare el alcance jurídico del Inventario, revise posibles errores y garantice que su cartografía no se utilice para alterar derechos de propiedad o concesiones de riego, defendiendo que la protección de los cauces debe ir acompañada de rigor técnico y seguridad jurídica.
