Castilla-La Mancha está dando un paso significativo en la gestión ambiental con la presentación del anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental, según ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. Este texto, que ha sido tomado en consideración por el Consejo de Gobierno, tiene como objetivo actualizar la normativa ambiental de la comunidad y alinearla con las legislaciones europea y estatal.
Gómez ha destacado que la nueva ley permitirá reducir la burocracia, mejorar la coordinación entre administraciones y ofrecer mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y empresas que realizan actividades con impacto ambiental. El anteproyecto aborda desafíos como la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire y la gestión sostenible de residuos.
Autorización Ambiental Unificada
Una de las principales novedades es la creación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que integrará en un único expediente los procedimientos que hasta ahora se tramitaban por separado. Esto permitirá gestionar conjuntamente las autorizaciones relacionadas con residuos y emisiones atmosféricas, reduciendo así los tiempos de tramitación y evitando duplicidades.
Además, se introducen herramientas de simplificación administrativa, como las consultas preliminares y la renovación de autorizaciones mediante declaración responsable. "La ley no nace para imponer más burocracia, sino para simplificar procedimientos manteniendo todas las garantías ambientales", ha afirmado la consejera.
Fortalecimiento de la vigilancia ambiental
El anteproyecto también incluye el refuerzo de los sistemas de vigilancia y control ambiental, estableciendo mecanismos específicos para el seguimiento de actividades con impacto ambiental. Por primera vez, se regularán ámbitos que carecían de un régimen propio, como el control de la atmósfera y la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas.
Asimismo, se revisará la clasificación de infracciones y las sanciones, diferenciando entre conductas leves, graves y muy graves. "El objetivo es dotar a la Administración de herramientas más eficaces para prevenir daños ambientales", ha señalado Gómez.
Proceso participativo en la elaboración
La consejera ha subrayado que el anteproyecto ha sido elaborado a través de un amplio proceso de consulta que ha incluido la participación de administraciones, agentes económicos y la ciudadanía. "Es una ley construida desde el diálogo y la participación", ha afirmado.
Tras su aprobación inicial, el anteproyecto será enviado al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para su dictamen, y se espera que sea aprobado como proyecto de Ley por las Cortes regionales en el primer trimestre de 2027.
