La acampada en la Puerta del Sol, que se inició el 26 de septiembre, ha sido desmantelada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid. Esta intervención se produjo tras un proceso gradual que buscaba garantizar el uso del espacio público y el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales.
Según la Delegación del Gobierno de España en Madrid, la actuación se realizó tras evaluar la situación y mantener un diálogo continuo con los organizadores de la protesta. Durante este tiempo, se priorizó la interlocución y la retirada voluntaria de las instalaciones, así como la protección de la seguridad de las personas y bienes en la zona.
El desalojo se considera un último recurso, tal como establece la legislación vigente, que permite la disolución de reuniones cuando hay alteraciones del orden público. La Delegación había informado a los acampados que, aunque se había protegido su derecho a la reunión, las circunstancias habían cambiado y el objetivo inicial de la acampada se había perdido.
A pesar de los esfuerzos por parte de la Delegación para llegar a un acuerdo, el 30 de octubre se comunicó que se procedería al desmantelamiento de la acampada, ya que algunos de los participantes habían abandonado la protesta y quedaban personas que se negaban a retirarse. La situación se complicó con la aparición de incidentes en el entorno de la acampada, lo que llevó a la decisión de realizar el desalojo.
La intervención se llevó a cabo la pasada noche, con el objetivo de restablecer la normalidad en este emblemático punto de la ciudad.
